sábado, 22 de mayo de 2010

Marana Tha

“Por el pacto entre Aena y los controladores españoles: Nueva jurisdicción y retraso de audiencias.”

15/4/2010
Hoy entra en vigor el Decreto ley que autoriza a Aena
para actuar directamente sobre las condiciones de trabajo de los controladores aéreos españoles, y al tiempo se aplaza hasta el 5 de mayo el juicio por la demanda presentada por USCA (Unión Sindical de Controladores Aéreos) ante la Audiencia Nacional.


El Tribunal Constitucional ha prorrogado el juicio y ha pedido que se llegue a un pacto. La demanda alude la inconstitucionalidad del citado Decreto por modificar un convenio colectivo y se ha solapado con la Ley sobre servicios de tránsito aéreo emitida el 14 abril.

En el 2009 ya se hablaba de las primeras “huelgas encubiertas”. Los controladores se negaron a hacer horas extraordinarias para reivindicar una modificación de sus condiciones de trabajo. Los consecuentes retrasos en los aeropuertos provocaron la reacción de la Entidad Pública que administra los aeropuertos y la navegación Aérea en España, Aena, y del Ministro de fomento. El Decreto-ley 1/2010 del 5 de febrero anula el convenio de los controladores.

Los problemas económicos de Aena, el limbo legal de la situación laboral de los trabajadores y la reacción jurídica apresurada del ministerio se presentan como la raíz del conflicto.
Los controladores han reusado a dar la cara mientras que el Ministro de Fomento, José Blanco, ha declarado demasiado. Ahora USCA se defiende redundantemente en blogs y medios de comunicación, y Fomento publica rectificaciones que los medios de comunicación no difunden.

AENA vs USCA [Conflicto controladores españoles]







La empresa nacional de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea tiene un déficit anual de 300 millones de euros. Al aumentar la deuda los ingresos públicos para subvencionar la empresa se duplican.El gobierno afirma que estos problemas económicos se deben a las elevadas cifras de los sueldos de los controladores, mientras que éstos dirigen la mirada hacia políticas de inversión de infraestructuras y construcción de terminales en aeropuertos de provincias sin tráfico aéreo, que no han sido rentables y han provocado pérdidas.


El conflicto comenzó por la disminución del número de controladores contratados por Aena.De 1996 a 2004 se contrataron una media de 1000 trabajadores mientras que de 2004 a 2010 la cifra se redujo a 250, según datos aportados por Europapress. En consecuencia, la plantilla en activo debía suplir las horas del personal inexistente con horas extraordinarias –por las que cobraban un sueldo tres veces superior al de las horas ordinarias, pero que no era realmente voluntarias puesto que un hueco en los horarios supondría un parón en el tráfico aéreo de las grandes ciudades españolas-.

Para mostrar sus descontento, los controladores se negaron a trabajar en durante las horas extraordinarias, provocando retenciones y desorden en los aeropuertos.
Así comenzó una lucha interna en torno a las condiciones laborales -hasta entonces recogidas en un acuerdo que caducó en marzo de este año y cuyas condiciones se había acordado con discreción-. Durante este proceso el gobierno aprovechó para regular la situación laboral de los controladores aéreos y velar por la economía de su organismo de gestión de aeropuertos y navegación aérea. Estas reformas se hicieron de forma precipitada y poco consensuada. Bien es sabido que los procesos legales requieren análisis y un largo periodo de elaboración, pero en este caso los medios de comunicación se hicieron eco de la necesidad de una reforma urgente proclama por el Gobierno, que acusaba al colectivo de los controladores aéreos españoles de modificar las ganar sueldos demasiado altos y de ser ineficientes; acusaciones a las que el portavoz de la Unión Sindical de Controladores Aéreos, Cesar Cabo, ha contestado en repetidas ocasiones desde que el sector empezó a conceder entrevistas a los medios:




ENTRE CONVENIOS Y LEYES. [Conflicto controladores españoles]

La Ley sobre servicios de tránsito aéreo del 14 de abril redirecciona el pulso entre José Blando y los controladores aéreos. El convenio establecido en 1999 ha regido la situación laboral del sector en España hasta hoy. Desde entonces no había habido ninguna Ley que regulara sus condiciones.

*Cronología legal del conflicto*
[El Decreto-Ley 1/2010 se promulgó casi dos meses antes de que expirara la validez del convenio en vigor. Un mes después los controladores aéreos españoles tratan de hacer llegar su caso hasta el Tribunal Constitucional, pero la promulgación de la Ley Ley 9/2010, de 14 de abril, el juicio es aplazado hasta mayo y el magistrado de la Sala de lo Social trata de inducir a que el conflicto se resuelva con un pacto.]

EL DECRETAZO DE JOSÉ BLANCO [Conflicto controladores españoles]

El decreto indica que la modificación transitoria de las condiciones laborales de los controladores de AENA es la 'mínima imprescindible' para 'garantizar el servicio de forma segura, eficaz, continuada y económicamente y financieramente sostenible', y que esto no es posible 'ni en el marco del I convenio colectivo de los controladores ni en el marco del art. 41 del Estatuto de los Trabajadores'; pero también incida en que para que AENA intervenga deben existir 'probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción' tras 'previo agotamiento de un periodo' de consultas con los representantes sindicales, pero puntualiza que 'a la vista de la ruptura del proceso negociador, ya no cabe duda alguna de la imposibilidad de la vía negociadora'. )

Con este Decreto, Aena (dependiente del Ministerio de Fomento) es responsable de forma directa de la gestión de las condiciones laborales de los controladores sin necesidad de pasar por el Congreso de los Diputados.
Liberaliza los servicios de gestión de las torres, de manera que empresas privadas pueden presentar sus controladores como candidatos. Con esta medida se busca ampliar el número de puestos de trabajo, y los controladores competirán con profesionales de otros sectores pues el Ministro de Fomento, José Blanco ha explicado que con el decreto en al menos 12 aeropuertos españoles que realizan menos de 50 operaciones al día se suprimirá el puesto del controlador aéreo.
Además, reduce el sueldo de los controladores un 40% y también el número de horas ordinarias máximas de trabajo. El precio de las extraordinarias también se reduce, aunque sigue siendo casi tres veces más que por las ordinarias, al contrario que lo indicado por José Blanco. ("hasta la aprobación de este decreto, el colectivo disfrutaba de una jornada laboral donde una de cada tres horas era extra y se pagaba el triple.")

CRONOLOGÍA [Conflicto controladores españoles]

  • El 31 de marzo de 2010 expira la validez del Convenio de 1999, que se había prorrogado desde el 2004 hasta el 31 de marzo del 2010.
  • El 5 de febrero se publica el Decreto-ley 1/2010 que regula la prestación de servicios de tránsito aéreo y anula el Convenio. Unos días después fue aprobado por el Parlamento y posteriormente por el Senado a pesar de los puntos cuestionados por USCA.

Liberaliza los servicios de gestión de las torres, de manera que empresas privadas pueden presentar sus controladores como candidatos. Con esta medida se busca ampliar el número de puestos de trabajo, y los controladores competirán con profesionales de otros sectores pues el Ministro de Fomento, José Blanco ha explicado que con el decreto en al menos 12 aeropuertos españoles que realizan menos de 50 operaciones al día se suprimirá el puesto del controlador aéreo.
Además, reduce el sueldo de los controladores un 40% y también el número de horas ordinarias máximas de trabajo. El precio de las extraordinarias también se reduce, aunque sigue siendo casi tres veces más que por las ordinarias, contrariamente a lo indicado por José Blanco. ("hasta la aprobación de este decreto, el colectivo disfrutaba de una jornada laboral donde una de cada tres horas era extra y se pagaba el triple.") (foto y video)


  • 5 de marzo USCA plantea una demanda contra el Gobierno, pone en cuestión la legalidad del Decreto, al imponer condiciones laborales mediante una normativa se atenta contra los Derechos Fundamentales de los controladores y en consecuencia se vulnera la Constitución Española.

Ésta es su única vía legal para que se presente un Recurso de Inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, ya que los controladores aéreos no pueden presentar este recurso, pues sólo tienen legitimidad para ello el presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 diputados, 50 senadores o a los órganos ejecutivos de las comunidades autónomas.

  • El 14 de abril se promulga la Ley 9/2010 sobre servicios de tránsito aéreo que sustituye al Decreto-Ley modificando algunos puntos que habían sido debatidos, con lo cual USCA reelaborará su demanda contra el decreto debido a su sustitución por la Ley sobre servicios de tránsito aéreo.
  • Simultáneamente, el 15 de abril se retrasa la fecha del juicio de esta demanda hasta el 5 de mayo y el magistrado de la Sala de lo Social que instruye la demanda pide que se llegue a un pacto entre el sindicato y el Gobierno.